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¿Qué es el Acuerdo de Escazú y cómo beneficia al ambiente de Colombia?

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Congreso aprueba Acuerdo de Escazú. Foto El Tiempo
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En la noche del pasado lunes 10 de octubre se aprobó en el Congreso de la República de Colombia el Acuerdo de Escazú. Este es un tratado regional de América Latina y El Caribe sobre derechos humanos y medios ambiente. 

Estos son los derechos fundamentales del Acuerdo de Escazú

  1. Acceso a la información ambiental: La ciudadanía tendrá acceso a información clara y oportuna sobre la gestión de los recursos naturales. 
  2. Participación pública: Se garantizan y fortalecen los mecanismos de participación ciudadana en los procesos ambientales. 
  3. Acceso a la justicia ambiental: Reconocimiento, promoción y protección a los derechos de los defensores ambientales. 

Con 120 votos a favor fue aprobado el Acuerdo de Escazú por la Cámara de Representantes. Con esta noticia Colombia se convirtió en el país número 14  en ratificar el tratado que fue firmado por 24 naciones. 

“Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y a las y los ambientalistas”, dijo el Presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ministra de Ambiente Susana Muhamad dijo en redes sociales que “con el Acuerdo de Escazú logramos #DemocraciaAmbiental, bienvenidos al #GobiernoDelCambio. Iniciamos ruta de implementación: Preparación de actos administrativos para la participación ciudadana Concertación de ruta de defensa de DDHH Programa fortalecimiento de veedurías”. 

¿Qué sigue para el Acuerdo de Escazú?

Mientras el Acuerdo entra en vigor, la Corte Constitucional realizará un examen de si Escazú es acorde a los mandatos de la constitución. 

Según señala el portal web de la Presidencia de la República, una vez sea sancionado el acuerdo por el Jefe de Estado, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo:

• Política de manejo de información ambiental.

• Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.

• Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.

• Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.

• Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

 

 

 


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