‘Mano dura contra quienes contaminan los cuerpos de agua de Bogotá’ ha sido la consigna del alcalde Enrique Peñalosa frente a empresas, universidades, colegios y estaciones de servicio que atentan contra el medioambiente y el ecosistema de la ciudad.
De enero a septiembre de este año, en Bogotá ya se reportan 21 sanciones en contra de compañías que hacen procesos industriales propios de su actividad económica sin tener en cuenta los perjuicios que le causan a los humedales y los ríos.
La Secretaría de Ambiente aumentó los controles en este sentido y ha adelantado procesos de sellamiento contra instituciones y entidades que han contaminado los ríos Tunjuelo, Fucha, Arzobispo y Salitre y humedales como Torca, Guaymaral, Córdoba y Jaboque.
“El alcalde Enrique Peñalosa quiere que limpiemos nuestras fuentes hídricas y por tal razón estamos sancionando a aquellos que se empeñan en contaminar, por eso estamos cerrando vertimientos de quienes están afectando ríos y humedales”, explicó el secretario de Ambiente, Francisco Cruz.
Las empresas, colegios y universidades que fueron sorprendidas contaminando cuerpos de agua en la ciudad podrían pagar multas de hasta 3.500 millones de pesos cada una. Sin embargo, todavía se encuentran en procesos jurídicos y aún se desconoce el monto exacto de las sanciones a las que se podrían enfrentar.
Una de las sanciones que causó mayor repudio entre la ciudadanía fue la contaminación a los humedales Torca y Guaymaral por parte de la empresa Empresa F.M.L Ingenieros y Cía Ltda. y de los colegios Gimnasio Campestre La Sallete, Richmond, Gimnasio Pepa Castro y Emilio Valenzuela, ubicados en el norte de Bogotá.
En este caso, la Secretaría de Ambiente suspendió los vertimientos de agua residuales porque estaban afectando dichos humedales con líquidos que contenían grasas, detergentes y materiales orgánicos.
Esta afectación ambiental no fue la única a la que se vieron expuestos los humedales Torca y Guaymaral. El Centro Comercial Bima, Multiparque, La Margarita del Ocho y la Escuela Colombiana de Ingeniería fueron sancionados al poner en riesgo la fauna y flora de estas reservas naturales luego de que la Secretaría constatara que se estaban descargando aguas y residuos a estos ecosistemas.
De la misma forma, se le suspendió actividades a la empresa Printer Colombia por arrojar pintura al área pluvial de la zona de Engativá poniendo en riesgo la vida del Humedal Jaboque.
Un grupo especializado de la Secretaría de Ambiente, Bomberos, Iidger, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Policía Ambiental inspeccionaron las redes que conducen las aguas desde la empresa, pasando por el Canal los Ángeles hasta llegar al Humedal Jaboque. Allí se evidenció una mancha azul tóxica para las especies que habitan en el cuerpo de agua.
Las universidades Externado, Javeriana y Central se vieron expuestas a sanciones debido a obras que no cumplían con los mínimos requisitos ambientales y, por ende, estaban afectando quebradas en los cerros orientales y los ríos Arzobispo y Salitre.
El humedal Córdoba, otro de los grandes afectados ambientalmente, estaba siendo rellenado con escombros y usado como parqueadero y como un lugar para la compra y venta de vehículos. Por eso, la Alcaldía de Bogotá tomó posesión física del área e inició procesos de restauración para devolver este espacio a los ciudadanos. Estas actividades ilegales atentaron contra el patrimonio hídrico de la ciudad y, por tal hecho, el alcalde Peñalosa ordenó la recuperación inmediata de este ecosistema.
La medida se tomó después de un seguimiento que realizó la autoridad ambiental, evidenciando afectación en 1.586 metros cuadrados sobre la ronda hidráulica y en la zona de manejo y preservación ambiental.
La Secretaría de Ambiente continuará adelantando operativos de control sobre las empresas o personas que afecten los recursos ambientales de la ciudad. Los empresarios deben conocer las normas en este sentido, pues quienes incumplan con estos parámetros se verán expuestos a multas, que por incumplimiento de la normatividad ambiental podrían llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
