El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, puso en operación las obras de modernización de la línea Tibitoc-Casablanca a través de la cual se abastece con agua potable a los habitantes de la capital del país ubicados al occidente de la Avenida Boyacá y los municipios de Chía, Cajicá, Funza, Madrid y Mosquera donde viven y trabajan más de tres millones de ciudadanos.
En la obra que aquí se entrega con una inversión de 27 mil millones de pesos no hay queja de corrupción y se realiza con el cumplimiento del contrato tal y como se estipuló. Esto es la construcción de la ética pública con la de la empresa privada, dijo Petro .
El mandatario recalcó que aquí se garantiza un derecho fundamental alrededor de los procedimientos técnicos que se hacen en la planta de Tibitoc para limpiar el agua del rio Bogotá y volverla potable para más de tres millones de personas de Bogotá y municipios circunvecinos.
Petro recordó que está vigente desde hace dos años la norma que se aprobó en sesión de Naciones Unidas que establece que el agua potable y el saneamiento, son derechos de la humanidad.
Aún no hemos entendido, que si el agua y su saneamiento son derechos esenciales, no pueden ser un negocio o que si se hace negocio este tiene que estar supeditado al interés general de la humanidad. Aquí lo que encontramos es todo lo contrario, se supedita el interés general por el particular estableciendo el cartel del agua en Colombia. Un cartel especulativo y mafioso que es el mismo cartel de las basuras, lo que convierte al agua y la basura en mercancías bajo la manipulación mercantil de un oligopolio construido en los últimos anos, indicó el burgomaestre.
Agregó que hoy estamos demostrando en Bogotá que otro tiempo es posible, y por eso tomamos agua de la llave ya que esta es mejor que la que se vende embotellada. Numerosas empresas constituidas en los paraísos fiscales son propietarias del agua potable en muchísimos municipios de Colombia, allí los ciudadanos no tienen recursos para pagar las tarifas, así opera el cartel del agua, hecho sobre un derecho fundamental de los colombianos, por ello se ha puesto de moda inaugurar acueductos sin agua al igual que se inauguran barrios sin redes. Si la sociedad no tiene los recursos necesarios hay que garantizar su gratuidad.
El mandatario bogotano afirmó que debido al cambio climático hay zonas que se pueden morir de sed, ese cambio dramático lo produjo el ser humano a partir de la emisión de gases efecto invernadero, por exceso de consumos de una parte muy rica de la sociedad, los gases efecto invernadero salen de la ciudad de Bogotá por factores como el transporte y el relleno sanitario. Dejar de enterrar residuos ayuda a salvar a la humanidad, pero ello implica romper unos negocios que tienen que ceder al interés general.
Petro Urrego manifestó que bajar tarifas es una responsabilidad de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), para que la gente tenga garantía del derecho, porque la tarifa alta es pagable por el que más tiene pero no sucede lo mismo con el que menos tiene.
El Alcalde Mayor indicó que en Bogotá se garantiza el mínimo vital de agua potable, son 6 metros cúbicos mensuales gratuitos para los ciudadanos, pero que le cuestan a la ciudad producirlos. No bajamos las tarifas porque sí, ni para poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa, bajamos las tarifas porque fuimos eficientes y esa eficiencia se la trasladamos a los usuarios precisamente como garantía del derecho.
Frente a la contaminación del río Bogotá Petro expresó que esta produce una afectación al saneamiento. Si los controles fallan y el interés general domina el particular esta planta tendrá que dejar de existir, porque la cantidad de químicos de los vertimientos de la zona industrial sería tales que resultaría costoso hacer el proceso que aquí se hace con la consecuencia de elevar las tarifas. Esto implica un proceso de concertación que el acueducto inició y que nos tiene que llevar a descontaminar el río Bogotá.
Sostuvo que le ha pedido al gerente de la EAB que para el año entrante la tesis de descontaminar los afluentes deje de ser un discurso y que a través del cobro más profundo de las tasas contributivas por contaminación del agua, se logre que residencias, empresas y fábricas resuelvan los problema de conexiones erradas y vertimientos contaminantes de los cuerpos hídricos.
Bogotá lo que hace hoy es cobrar 13 mil millones por tasas de contaminación y esa acción es inútil ya que los cuerpos hídricos están cada vez más contaminados.
También aseguró que se necesita el concurso de las autoridades municipales fuera de la jurisdicción por donde fluye el río Bogotá. La prioridad es ordenarnos alrededor del agua tal y como lo hacían nuestros antepasados, hay que sacralizar el agua, no satanizarla, y ello implica un nuevo paradigma para entender el agua como antes los pobladores de estas regiones la veían, como oportunidad de la vida. Si no llueve en los páramos por el cambio climático la sabana de Bogotá se vuelve un desierto.
