El pasado 1 de diciembre la Alcaldía Mayor de Bogotá objetó la acción que obliga al Distrito a renovar las flotas de los componentes Troncal y Zonal a movilidad eléctrica a partir del 2022. La administración de la alcaldesa Claudia López afirmó que, pese a que esta medida es deseable, es inviable financieramente.
“Aunque todo el Distrito desde Movilidad hasta Ambiente estamos de acuerdo en que esta medida es deseable, la situación fiscal de la ciudad después de la pandemia del COVID nos hace tener dudas sobre nuestra capacidad de hacer únicamente esa compra. Los buses eléctricos pueden llegar a ser un 40 % más caros que los buses a gas”, dijo la secretaria de ambiente Carolina Urrutia.
Si el Concejo se comprometiera en aprobar las fuentes necesarias para acelerar la renovación de la flota, tal como se hace en otros países y ciudades del mundo, donde primero se disponen y garantizan los recursos y luego se generan las obligaciones, la Administración respaldaría cualquier acuerdo en ese sentido. Pero generar la obligación sin recursos no es viable ni sostenible, según dice el comunicado de la secretaría de Ambiente.
“Estamos tratando de evitar dos situaciones que serían muy desafortunadas, la primera que por esa restricción desde el 2022 no tengamos la capacidad de comprar esos buses y tengamos que eliminar algunas rutas (…) y la segunda que desde el punto de vista de la SDA es la posibilidad de que dada esa restricción sigan circulando unos años más los buses más sucios a partir de DICEL”, agregó Urrutia.
Para el Distrito el proyecto de acuerdo sobre Emergencia Climática es conveniente para la salud y el bienestar. Sin embargo, objeta solo 1 de las más de 50 acciones de esta iniciativa y convoca a buscar alternativas sostenibles ambiental y financieramente. https://t.co/nwIw1C1kHs pic.twitter.com/k4ByoK2mau
— Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) December 1, 2020
Redacción OAB
