Aunque la sentencia del Consejo de Estado de 2014 busca la recuperación del río Bogotá, otras normativas definen polígonos mineros en su cuenca. Un artículo del Grupo Río Bogotá liderado por la Fundación Coca Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, Ptar Salitre y Semana.
El río Bogotá viene cambiando de cara por cuenta de la histórica sentencia del Consejo de Estado que obligó a más de 72 entidades a articularse y trabajar para su recuperación. Ya se ven avances en obras e incluso en algunas políticas públicas que buscan posicionar el afluente, pero también se siguen evidenciando desconexiones entre entidades que pueden ir en contravía del fallo de 2014.
Mientras unas políticas y proyectos buscan la recuperación y cuidado del río Bogotá, otras conceden polígonos mineros en predios de la cuenca del río. Algunos de estos proyectos cubren áreas protegidas, humedales, zonas de urbanización o cambian radicalmente la vocación económica de algunos territorios, pasando de ser agrícolas por tradición, a mineros. Si a esto se le suma que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de la mayoría de los municipios de la sabana están desactualizados, el desorden puede ser mayor.
Estas inconsistencias están reflejadas en el trabajo de investigación de Harold Alexander Villamil Castillo, magíster en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia, quien explica que “cuando se empieza un proceso de explotación minera cerca de una ronda hídrica, se interrumpen las relaciones ecológicas y ecosistémicas. Además se generan una serie de emisiones y vertimientos que muy seguramente afectarán la cuenca del río Bogotá. En mi trabajo se evidenció una inconsistencia entre el fallo que busca descontaminar el río y una normativa del Ministerio de Ambiente que aprueba estos polígonos”.
¿Cómo comenzó el choque entre la recuperación del río y los polígonos mineros?
Harold Villamil en su trabajo se dio a la tarea de analizar en qué consistían los POT y cómo debían formularse adecuadamente. Además de indagar el impacto de las políticas públicas dentro de la sabana desde el año 2000 hasta la actualidad y revisar los diferentes fallos o sentencias que se han dado encaminados a la protección ambiental.
“En los últimos 20 años del 100 por ciento de personas que solicitaron un título minero en el país, solo un 5 por ciento fue rechazado. El 95 por ciento está aprobado o en proceso de aprobación, evidenciando la prelación del Estado por los temas relacionados con la actividad minera”, dijo Villamil.
Así pudo constatar cómo mientras el fallo del Consejo de Estado de 2014 busca la recuperación y saneamiento del río Bogotá, la resolución 2001 del Ministerio de Ambiente, dos años después, definía zonas compatibles con la explotación minera en la sabana.
Dentro de los 24 polígonos mineros aprobados, 12 tienen conflictos de algún tipo. La sorpresa fue mayor al poner el foco en algunos casos específicos como el caso del municipio de Mosquera.
“Allí se aprobó un polígono que si se traslapa con el mapa del territorio se toma una parte del humedal la Herrera, el cual está declarado un área protegida, ya que es área de importancia internacional para la conservación de aves migratorias”, manifestó Villamil.
Para dirimir estos conflictos el Ministerio de Ambiente emitió en 2018 la resolución 1499, la cual modifica la resolución de 2016 y analizaba caso por caso cada uno de los polígonos en conflicto. “En algunos casos les tocó retractarse porque había errores en georeferenciación, en otros se tienen que redefinir las áreas y en otros la entidad siguió con el proceso al dictaminar que no generaba ningún tipo de afectación”, añadió Villamil.
¿Cómo evitar estos choques y reprocesos?
El magíster en Ordenamiento Urbano Regional, Harold Alexander Villamil Castillo, propone tres grandes acciones a tener en cuenta para que la sabana pueda desarrollarse sin crear esta serie de conflictos.
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- Articulación institucional y regional: Se aconseja que el desarrollo de la región tenga acciones concertadas tanto a nivel nacional como municipal. En el que se plantee un sistema de gestión integral de cuenca y que se discutan allí los procesos de planeación de ordenamiento territorial.
En el caso de la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá se espera un rol activo del Consejo Estratégico de Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá.
- Participación ciudadana: Los proyectos, programas y estrategias de intervención para minimizar la contaminación de la cuenca y el mejoramiento de la ordenanza de territorio deben contar con la participación ciudadana.
“Es bueno que la gente sepa qué pasa o puede pasar en sus territorios, analizar sus condiciones de vida, cómo un proyecto minero podría cambiar su vida, tradiciones o relación con su entorno. Y no solo cambiar su actividad radicalmente y menos a actividades que son efímeras como la minería y son de mucho impacto”, concluyó Villamil.
- Mejoramiento ambiental: El ordenamiento territorial debe ir orientado a la conservación y protección de los recursos hídricos, el cuidado de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad. Aquí es importante que los municipios consulten o tengan en cuenta el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca (Pomca).
Crédito fotos y contenido: Semana Sostenible
