La mayoría de capturas se han dado en Bosa (46), Kennedy (29) y Puente Aranda (6). Todos los infractores han sido sorprendidos en flagrancia, y podrían pagar multas de hasta 50.000 salarios mínimos.
La mala disposición de basuras, escombros y residuos es una de las prácticas que quieren eliminar la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental. Las dos entidades se han propuesto cuidar de las estructuras ecológicas de la ciudad, y han adelantado varios operativos conjuntos en lo corrido del año. Los controles han derivado en la captura de 100 personas por el delito de disposición inadecuada de residuos. Por lo general, la mala disposición es de residuos relacionados con construcción y demolición, que terminan en ríos, canales, quebradas y rondas de los humedales de Bogotá.
Las autoridades ambientales han sorprendido a los 100 infractores justo cuando arrojaban escombros en distintas localidades de la ciudad, siendo Bosa la que registra el mayor número de capturas por estas infracciones. Con 46 detenidos, esta localidad se convirtió en la que tiene más problemas ambientales, con disposición inadecuada de residuos en el canal Cundinamarca, el humedal Tibanica y el río Tunjuelo.
Kennedy es la segunda localidad con más capturas, con 29 infractores sorprendidos dejando escombros y basuras en el canal Alsacia, el canal Cundinamarca, el Canal Tintal y el Río Fucha, que también ha sido contaminado desde Puente Aranda, localidad que registra 6 capturas por delitos medioambientales.
Barrios Unidos y Tunjuelito, con 4 capturas, y Fontibón, Suba y Ciudad Bolívar, con 3, son las otras localidades donde las autoridades ambientales han encontrado contaminación de espacios ecológicos por la disposición irregular de deshechos. El espacio público de estas localidades, los ríos Bogotá, Fucha, Negro y Tunjuelo; los canales Salitre, Cundinamarca, Tintal y Alsacia; los humedales Torca y Tibanica; y las quebradas Limas y Chiguaza, son los espacios naturales más afectados este año, según registro de la Secretaría de Ambiente.
Los procedimientos en contra de la disposición irregular de residuos continuarán con el apoyo de 1.500 policías de las estaciones de policía de Usaquén, Chapinero, Mártires, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy, y la meta es que para 2018 sean 3.000 los uniformados que trabajen en otras localidades en las que, por ahora, no son muchos los hallazgos sobre estos delitos, como Fontibón, San Cristóbal, Antonio Nariño, la Candelaria y Rafael Uribe.
Las multas impuestas en estos operativos de control ambiental, según el Código Penal, pueden llegar hasta 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y dependiendo del delito podría incurrir en penas de entre 2 y 9 años de prisión. El procedimiento para legalizar la captura es apoyado por la Policía y es la Secretaría de Ambiente la encargada de aportar las pruebas del delito ambiental ante la Fiscalía. Los 100 capturados a día de hoy han sido puestos a disposición de la justicia, y contra ellos cursa el debido proceso judicial por el delito ambiental de disposición ilegal de residuos de construcción y demolición.
