Sectores públicos y privados incorporan bicicletas y carros compartidos, entre otras alternativas.
Bogotá es la capital latinoamericana de la bicicleta y cada vez apuesta más por los modos sostenibles de transporte. Sin embargo, no cuenta con una resolución, que Medellín sí tiene en operación y que en el papel le da una ventaja: la obligatoriedad progresiva de los planes de movilidad empresarial sostenible (o planes MES).
Ese documento, proferido en junio del 2017, y que no solo cobija a la capital antioqueña sino a toda su área metropolitana (Valle de Aburrá), determina que al 2020 las organizaciones privadas y públicas deben reducir un 20 por ciento sus emisiones de CO2 generadas por viajes de los empleados hacia su puesto de trabajo. En el primer año se debe reducir el 10 por ciento.
“Las medidas que se adoptan propician un desarrollo bajo en emisiones para mejorar la calidad del aire, proteger la salud, mejorar la movilidad y alcanzar una mayor competitividad”, se lee en la resolución.
Y Bogotá ¿en qué va al respecto? La Secretaría de Movilidad cuenta con la denominada Red Distrital de Movilidad Sostenible Muévete Mejor, que promueve los Planes Integrales de Movilidad Sostenible (Pims). Desde el 2016 ha vinculado, de manera voluntaria, a 60 entidades distritales: 34 se encuentran en el proceso de construcción de sus Pims y 12 ya tienen estos en operación.
En cuanto a empresas, hay 47 que hacen parte de la red, 21 de estas con sus Pims; a su vez, diez universidades integran el grupo, el cual se enfoca no solo en la responsabilidad social sino en la protección del aire y el mejoramiento de la calidad de vida.
Otra medida que suma es la directiva distrital 002 del 2016, que promueve la difusión e implementación de los días sin carro distritales: el primer jueves de cada mes se cierran los estacionamientos para vehículos –en las sedes de trabajo– y se incentiva el uso de la caminata, la bicicleta o el transporte público. Estas fechas mensuales son obligatorias para el sector público y voluntarias para el privado.
El Tiempo consultó con Movilidad en qué momento se podría seguir la ruta de obligatoriedad que determinó Medellín, con miras a generar la masificación de este tipo de actividades y medidas.
“En el marco de un convenio de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se está estructurando la política pública para la implementación masiva de Pims en empresas públicas y privadas”, concretó el despacho. “Esta política es de alta complejidad al involucrar al sector empresarial. Una vez terminada la consultoría (septiembre del 2018), se implementará la política pública que transformará la manera como las empresas gestionan la movilidad de sus colaboradores, ayudando a un desarrollo sostenible de la ciudad”.
“Una vez terminada la consultoría (septiembre del 2018), se implementará la política pública que transformará la manera como las empresas gestionan la movilidad”.
Apuesta:
Entre las acciones que se desarrollan desde las empresas aparecen programas de vehículos compartidos para acudir al trabajo (una suerte de carros colectivos entre colegas o compañeros, que se rotan para la conducción según el pico y placa del día), teletrabajo, horarios flexibles, préstamo de bicicletas convencionales y hasta de bicicletas de pedaleo asistido.
Codensa, por ejemplo, cuenta con el programa ‘E-bike to work’ (Bicicleta eléctrica para trabajar), que fue pionero y lleva cinco años en funcionamiento: allí les ofrecen 48 ciclas eléctricas a los trabajadores, para que las tomen un día de regreso a casa, las tengan durante la noche y a la jornada siguiente vuelvan a trabajar en ellas. Se organizan los préstamos con previa inscripción en una lista.
Según esta organización, han recorrido 520.577 kilómetros con ese modo alternativo, equivalentes a reducir al menos 120 toneladas de C02 durante ese lustro: para comprender la cifra se podría decir que es lo que más o menos contamina una flota de diez buses del SITP en un mes, recorriendo 2.500 kilómetros por día.
“Han recorrido 520.577 kilómetros con bicis eléctricas, equivalentes a reducir al menos 120 toneladas de C02 durante ese lustro”.
En el campo público, la Secretaría de Ambiente es una de las que les apuesta a los Pims. Aparte de incentivar que más funcionarios se conviertan en biciusuarios, aporta dos iniciativas destacadas: el teletrabajo suplementario, en el cual 14 personas participan, y “el estímulo al peatón, cuyo desplazamiento lo realizan enfocado en caminatas activas desde sus hogares, mediante el diseño de caravanas urbanas en donde se ubican varios puntos equidistantes a la entidad, en un promedio aproximado de 3 kilómetros a la redonda, donde se convoca el encuentro para iniciar el desplazamiento, promoviendo la caminata como forma de movilidad”.
Las anteriores son solo alternativas que pueden seguir las organizaciones. Pero cada una es hoy autónoma para generar sus propias soluciones. Movilidad precisó que a las interesadas les ofrece un acompañamiento técnico y herramientas para que estructuren sus Pims.
Dicho asesoramiento se ejecuta en cuatro etapas: realización de encuestas (en dos etapas, una con los responsables de la movilidad y otra con los empleados); elaboración de diagnóstico, construcción de Pims (con las herramientas que da la Secretaría) y aprobación-implementación.
