Con este acuerdo se busca fortalecer las politícas que protegen los ecosistemas naturales de la región.
El presidente Iván Duque anunció que firmará esta semana el Acuerdo de Escazú, con el que se busca mejorar los derechos humanos y la protección ambiental en América Latina y el Caribe.
“Esta semana Colombia va a firmar el Acuerdo de Escazú, uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región”, manifestó Duque en Bogotá durante la presentación del “Informe sobre Desarrollo Humano 2019” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El mandatario señaló que la firma de ese convenio le permitirá a Colombia dar un paso “cualitativo, importante, en el acceso a la información y a la protección del medio ambiente”.
El acuerdo se firmó inicialmente en marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, producto de seis años de reuniones de líderes de la región que buscaban una solución a “los conflictos socioambientales”.
Para que entre en vigor se necesita que el acuerdo sea firmado y ratificado por al menos 11 países.
Hasta el momento lo han firmado 17: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay, pero solo Guyana lo ha ratificado.
En septiembre pasado, organizaciones sociales y de la academia, agrupadas en “la alianza por el Acuerdo de Escazú”, pidieron al Gobierno que firmara el convenio “ante la crisis climática y los conflictos socioambientales”.
Asimismo argumentaron que Colombia es “el segundo país más peligroso” del mundo para los defensores del medioambiente, pues durante el año pasado fueron asesinados 24 líderes de acuerdo con cifras de la ONG Global Witness.
“La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ayudar a fortalecer, construir y consolidar la paz en todo el territorio colombiano. La democracia ambiental es esencial en la construcción de un país más equitativo donde quienes defienden el ambiente podrán ejercer su labor con garantías institucionales”, añadieron las organizaciones.
Ese convenio es el primero sobre medioambiente y derechos en América Latina y entre sus objetivos también está el garantizar el acceso a la información, aumentar la participación pública en la toma de decisiones y mejorar el acceso a la justicia.
