El Tribunal Superior de Bogotá determinó que el predio en el que se encuentra ubicado este ecosistema pertenece al Distrito. Un particular, que aseguraba ser el dueño de esta reserva ambiental, exigía el pago de 134.000 millones de pesos por los terrenos.
La novela jurídica sobre el humedal Jaboque parece haber llegado a su fin. Tras cinco años de idas y vueltas en los estrados judiciales, la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la propiedad del Distrito sobre esta reserva ambiental ubicada en Engativá.
La sentencia declaró la nulidad de las escrituras públicas que le daban la propiedad de este humedal a un particular. Se trata de Jorge Enrique Cortés Rojas, quien con escritura en mano, aseguraba haber adquirido en 1996 la finca La Providencia al señor Álvaro Rojas Barbosa por 60 millones de pesos. Sus abogados, incluso, aseveraban tener una sentencia de adjudicación del terreno que databa de 1954.
Luego de un arduo proceso de estudio de títulos se evidenció que existía una sobreposición entre La Providencia y el predio La Florida, cuya propiedad estaba en cabeza de la Alcaldía de Bogotá, luego de que una sentencia de expropiación, proferida en 1963, le entregara ese terreno al Distrito.
Antes de que se registrara ese traspaso, el gobierno, en 1957, había declarado esos predios del humedal, que hacían parte de la hacienda La Florida, propiedad del comerciante José María ‘Pepe’ Sierra, como terrenos de utilidad pública.
Con base en esos argumentos, el pasado 7 de marzo de 2019, el Tribunal Superior dictó sentencia, en segunda instancia, de la acción popular que había sido interpuesta en 2001. La decisión revocó en su integridad el fallo de primera instancia emitido en 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenaba a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá comprar los predios necesarios para la protección y conservación del humedal, incluyendo el de Cortés, a quien inicialmente se le debían desembolsar 64.000 millones de pesos, a manera de reparación directa. En ese momento comenzó el pleito jurídico con este empresario, que luego de cuatro años, exigía el pago de 134.000 millones de pesos por los terrenos que, aparentemente, poseía de esa reserva hídrica.
“Los delincuentes que, de manera inescrupulosa, se apropian ilegalmente de bienes públicos, no encontrarán asidero en este proceder y el Distrito velará por garantizar el buen uso, goce y disfrute de los predios con este fin”, indicó Nadime Yaver, directora de la Defensoría del Espacio Público, para quien el pronunciamiento del tribunal envía un mensaje muy claro.
El Distrito ratificó, entre tanto, su disposición de preservar y proteger el espacio público y más en este caso, por tratarse de un ecosistema urbano, hábitat permanente y transitorio de tres especies endémicas del altiplano cundiboyacense: la tingua bogotana, el cucarachero de pantano y el chamicero. Este lugar también es el hogar de 12 especies de mamíferos y 196 aves, de las cuales 41 son acuáticas y 65 migratorias.
La Fiscalía también actuó:
Al considerar que existían pruebas suficientes, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra Jorge Enrique Cortés y dos personas más por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, enriquecimiento ilícito e invasión de área ecológica. Adicionalmente, fueron allanadas tres viviendas en las que se encontraron 2.000 documentos falsos.
Según el organismo judicial estas personas habrían falsificado documentos y creado un nuevo predio con el fin tratar de robarse el humedal.
