En un referendo realizado el pasado 23 de septiembre, los suizos votaron a favor de incorporar este medio de transporte en la Constitución, y de ordenar planes de inversión prioritarios para incrementar su uso.
Los electores suizos votaron hoy masivamente a favor de incorporar la bicicleta a su Constitución, con el objetivo de que su desarrollo sea igual de importante que el de las vías y los senderos pedestres.
Esta modificación constitucional fue aprobada con un 72 % de votos en un referéndum sobre una iniciativa que era respaldada por prácticamente todos los partidos políticos y asociaciones activas en la defensa del medioambiente.
Según sus patrocinadores, la mejora de la red de pistas para bicicletas contribuirá a la seguridad de los ciclistas y a aligerar el tráfico, además de tener efectos positivos sobre la salud, el medio ambiente y el turismo.
En función de esta decisión, el Gobierno suizo podrá desarrollar estándares nacionales y suministrar geodatos para mapas y aplicaciones móviles.
En tanto, la planificación, construcción y mantenimiento de las pistas para bicicleta continuará siendo responsabilidad de las autoridades locales.
En cambio, los suizos rechazaron de manera clara sendas iniciativas relacionadas con la agricultura y la alimentación.
La primera, que buscaba favorecer el comercio de alimentos producidos localmente y de temporada, así como alentar condiciones de trabajo justas y reducir el desperdicio de alimentos, fue rechazada por un 63 % de votantes.
Una segunda iniciativa titulada Por la soberanía alimentaria recibió un 70 % de votos en contra.
Su propósito era obligar al gobierno a adoptar una política agrícola favorable a una producción sostenible, ecológica y social, lo que hubiese requerido de una importante intervención estatal para restringir la importación de alimentos a través de aranceles, cuotas o prohibiendo la entrada de ciertos productos, incluidos los genéticamente modificados.
Los opositores a tales políticas hicieron valer que la idea -prevista en el texto- de establecer precios justos y una producción regulada por el Estado iba contra la economía de mercado, y que el coste terminaría siendo pagado por los consumidores y los contribuyentes, ya que el Estado hubiese tenido que aprobar nuevas subvenciones para el sector agrícola.
