También, en este trabajo conjunto entre MINAE y MOPT, se busca generar las condiciones para incentivar el transporte no motorizado, así como la infraestructura necesaria para la transición de la flota vehicular actual hacia tecnologías cero emisiones.
“El sector transporte tiene un papel fundamental en el proceso de la descarbonización. Sus emisiones representan más del 40% de las emisiones totales del país. Este acuerdo fomenta un cambio medular en la forma en que se realiza el movimiento de personas y bienes bajo un nuevo paradigma de movilidad sostenible”, comentó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
Esa labor también conlleva una serie de acciones transversales como promover una transición energética hacia tecnologías cero emisiones, el acceso a sistemas de información integrados y automatizados, incentivos fiscales y económicos para la impulsar el uso de la electricidad en las diferentes modalidades de transporte, alicientes como parqueos azules para vehículos cero emisiones y la promoción de mecanismos que faciliten la captación de recursos económicos para el financiamiento de acciones de movilidad y reducción de emisiones.
Se prevé propiciar medidas para la movilidad sostenible como el uso del transporte público, viajes compartidos, uso de transporte eléctrico, movilidad activa, conducción eficiente, así como educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la movilidad sostenible.
“Actualmente el MOPT trabaja en materializar una serie de obras de infraestructura que permitirán impulsar la sectorización del transporte público en distintos puntos del país. Buscamos tener un servicio de autobuses eficiente que lleve a que, cada día, más ciudadanos decidan dejar sus vehículos en sus casas y utilicen el transporte público para desplazarse a sus lugares de destino”, manifestó el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
Aunado a este acuerdo, el Presidente de la República y sus ministros rubricaron la Ley 9660 Movilidad y Seguridad Ciclística, cuyo objetivo es promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación.
De esta forma, la bicicleta ayudará a promover estilos de vida más saludables a la vez que su uso permitirá disminuir el empleo de combustibles fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular.
“Planificar la descarbonización requiere un balance entre la visión de largo plazo y acciones inmediatas, y una de ellas es avanzar hacia una forma eficiente de movilidad y transporte público. Por ello, es fundamental esta ley y su declaratoria de interés público”, declaró el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Esta ley se regirá por el principio de la pirámide invertida de movilidad, la cual ubica al peatón en el primer lugar, seguido de los medios de movilidad activa (transporte no motorizado como patinetas, bicicletas, sillas de rueda, patines o a pie), en tercero lugar al transporte público y, por último, los demás medios y modos de transporte.
Para su ejecución, se deberá trabajar en una planificación a nivel nacional y cantonal para la movilidad integrada y seguridad ciclística. Eso incluyen estudios técnicos y la infraestructura necesaria para facilitar la movilidad ciclística y garantizar seguridad al usuario, como ciclovías segregadas y demarcadas, carriles compartidos, trazos independientes, pasos peatonales a nivel de acera y cojines reductores de velocidad.
“Las empresas y patronos que favorezcan el uso de bicicleta como medio de transporte de sus empleados y funcionarios, podrán solicitar -por única vez- la deducción de la declaración tributaria de renta bruta anual de los gastos como adquisición, construcción o remodelación de parqueos para bicicletas, servicios sanitarios con duchas y espacio de vestuario, adquisición de bicicletas y equipos de reparación en el lugar de trabajo”, se lee en el comunicado oficial con motivo de la firma de la ley.
Otro anuncio que se hizo, el cual apoyará la implementación del Eje 10 del Plan Nacional de Descarbonización 2019-2050, fue la donación de US$3,5 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El dinero proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y, con este, se busca apoyar la creación del Programa de Servicios Ecosistémicos que formaría parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Particularmente, la donación permitiría desarrollar un “mecanismo de compensación por servicios ecosistémicos, con su respectiva fuente de financiamiento sostenible, para incentivar la gestión y la conservación de ecosistemas y de la biodiversidad en paisajes productivos prioritarios del país”.
En otras palabras, dicho mecanismo pretende compensar a los dueños de terrenos por los servicios ecosistémicos que generan sus propiedades.
“Costa Rica ya fue un pionero en la modalidad de pago por servicios ambientales y un ejemplo a nivel de América Latina en la recuperación de áreas boscosas”, destacó Fidel Jaramillo, representante del BID en Costa Rica.
