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Sellan equipos de control de gases por incumplir normas ambientales

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Los equipos, que violaban las normas vigentes, estaban afectando la calidad del aire de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realizó esta semana el sellamiento de varios equipos de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) por incumplir normas ambientales en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, en este establecimiento los empleados estaban manipulando equipos que violaban las normas vigentes en materia de revisión de gases, por lo que estarían afectando la calidad del aire de la ciudad.

“Una vez se evidenció que las máquinas con las que se realizaba la revisión tecnomecánica a los vehículos estaban funcionando de manera irregular, se procedió a la suspensión de actividades de nueve de estos equipos”, confirmaron en la entidad.

El establecimiento sancionado es Intenco S. A., y en medio del operativo fueron intervenidos cinco opacímetros (los cuales miden el porcentaje de contaminación producida por motores diésel) y cuatro máquinas analizadoras de gases, que son las encargadas de medir las concentraciones de elementos contaminantes. Según explicó la Secretaría, los equipos estaban operando un software diferente al permitido por la autoridad ambiental de Bogotá.

“Este operativo que hemos realizado es una de las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá para mejorar la calidad del aire en la capital. De igual manera, seguiremos realizando inspecciones a todos los centros de diagnóstico automotor (CDA) de la capital para detectar en flagrancia incumplimientos de las normas ambientales”, afirmó Óscar López, subsecretario distrital de Ambiente.

La Administración Distrital, a propósito de esta sanción, lanzó un llamado a todos los establecimientos que realizan revisiones tecnomecánicas a vehículos automotores de la ciudad para que cumplan con las normas vigentes y así se eviten sanciones o sellamientos.

También recordaron que las multas por el incumplimiento de los requisitos ambientales pueden llegar hasta los 3.600 millones de pesos, según lo establecido en la Ley 1333 del 2009.


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